Promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, cuyas labores están estrechamente relacionadas con la libertad de prensa, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, es el objetivo del proyecto (boletín 14964) aprobado y despachado a la Sala por la Comisión de Cultura.

De igual forma, consagra el deber estatal de promover su seguridad, con especial atención a las garantías reforzadas que surgen desde su posición de personas defensoras de derechos humanos.

Además, pretende fortalecer los marcos jurídicos nacionales y mecanismos de protección destinados a salvaguardar la seguridad a quienes ejercen labores de comunicación.

La propuesta busca garantizar un entorno propicio para los y las periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Con ello, espera otorgar salvaguardas reales y exigibles al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de toda la población. También, refuerza la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación; así como el acceso a la información de la comunidad en su conjunto.
En la comisión se aprobaron diversas indicaciones parlamentarias y del Ejecutivo. Estas se refieren, principalmente, al ejercicio de la profesión y su resguardo ante la ley.

Entre las enmiendas, se incluyó la generación de programas de captura de información. En particular, se señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá registrar los hechos denunciados por periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Asimismo, deberá alertar a las instituciones que correspondan, cuando haya indicios de eventuales agresiones.