En condiciones de ser visto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, quedó el proyecto que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet entreguen registros de llamadas relacionadas con delitos de crimen organizado y otros, cuya investigación requiere especial celeridad.
Las indicaciones presentadas a la norma que cursa segundo trámite, fueron aprobadas en la última sesión de la Comisión de Seguridad Pública.
En términos generales, el proyecto establece la entrega inmediata -o en un plazo máximo de 24 horas- de los registros de tráfico de llamadas telefónicas, envíos de correspondencia o de tráfico de datos en internet requeridos por el Ministerio Público. A esto se suma, además, la georreferenciación y localización del tráfico de voz y datos, todo esto contenido en el artículo 218 ter del Código Procesal Penal.