Solo un 32,9% de las personas que fueron víctimas o testigos de actos contra la probidad administrativa denunció los hechos, según un estudio de la Contraloría General de la República. La razón: temor a recibir amenazas o represalias.
Enfrentando este tema, un proyecto de ley establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, texto que hoy se revisó y aprobó en la Cámara, conforme a los acuerdos de una comisión mixta, y que pasó ahora a su último trámite al Senado.
La propuesta parte con un marco de definiciones bases, para luego definir el derecho de todo denunciante en esta materia. Este garantiza la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo que, eventualmente, podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en los procedimientos propios de las investigaciones respectivas.
Para lo anterior, se crea un canal de denuncias, administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica. Así, toda persona podrá denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas.
Se incluirán hechos de corrupción o que afecten (o puedan afectar) bienes o recursos públicos, en los que tuviese participación un organismo de la administración del Estado o su personal.