Tras una década de debate, el país está ad portas de definir si se aprobará la eutanasia. Para ello, la comisión de Salud del Senado tiene programadas maratónicas jornadas y se busca que el miércoles se logre concretar la votación en general el proyecto de ley que regula la muerte asistida. La propuesta establece el derecho a optar voluntariamente por recibir asistencia médica para morir en casos de enfermedades graves, terminales e incurables, bajo estrictos requisitos y supervisión profesional.
El proyecto permitiría acceder a la muerte asistida a cualquier persona mayor de 18 años, que tenga nacionalidad chilena o residencia legal en el país por más de 12 meses, que esté consciente y lúcida, y que tenga una enfermedad grave e incurable o estar en estado terminal. Dicho diagnóstico deberá ser confirmado por dos especialistas de la salud y en paralelo, deberá contar con un informe que acredite que el paciente está apto para tomar la decisión. Si bien la iniciativa ingresada en 2014 fue aprobada en 2022 en la Cámara de Diputadas y Diputados, más tarde quedó estancada en la comisión de Salud del Senado. Por ello, todavía se encuentra en segundo trámite constitucional y cuenta con suma urgencia. Entre los antecedentes hechos llegar a la tramitación del proyecto está su informe financiero, donde el Gobierno proyecta 120 casos de muertes por eutanasia, a un costo de $1.062 millones el primer año, y casi $900 millones en régimen. El cálculo, estimado por la Dirección de Presupuesto (Dipres), se basa en el caso español, en que los solicitantes del procedimiento serían 240, de ellos, 120 serían autorizados. Indicaciones del Ejecutivo El proyecto en trámite corresponde a cuatro mociones refundidas más las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Dentro de estas últimas se establece un Comité Garantía y Evaluación que velará por el cumplimiento de requisitos, aplicando estándares médicos y científicos en cada caso. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó que además se busca dotar de garantías a pacientes, médicos y personal sanitario, reconociendo la objeción de conciencia y la seguridad para quienes acompañen a los pacientes en esta decisión.