Un proyecto de ley presentado por el diputado Cristian Contreras propone modificar el Código Procesal Penal y otras normas, con el objetivo de reforzar la eficacia de la justicia criminal en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad organizada, transnacional y de alta violencia.
La iniciativa se fundamenta en que, desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el sistema chileno fue diseñado para limitar el poder punitivo del Estado frente al ciudadano, dejando atrás el modelo inquisitivo. Sin embargo, según se expone, dicho diseño no habría anticipado la evolución del fenómeno delictual hacia estructuras más complejas, las que habrían aprovechado las garantías del sistema. A ello se suma una interpretación restrictiva del artículo 140, que ha contribuido a instalar una percepción de puerta giratoria, afectando la confianza pública y la paz social.
El proyecto aclara que no busca retornar al sistema inquisitivo, sino avanzar hacia modelos de justicia más eficaces, presentes en democracias consolidadas.