La senadora María José Gatica y el exsenador Juan Castro Prieto, son los autores de una moción que propone modificar la Ley General de Educación con el fin de establecer la responsabilidad de los apoderados en situaciones de acoso escolar.
El proyecto, que será analizado por la Comisión de Educación, surge ante la creciente preocupación de las comunidades educativas por casos de maltrato que afectan la seguridad emocional de los estudiantes y que, en instancias extremas, han derivado en episodios de suicidio, se desprende del texto legal.
Con todo, proponen aplicar una sanción a los apoderados que, tras ser notificados formalmente por el establecimiento sobre conductas de acoso escolar de sus hijos o pupilos, no adopten medidas destinadas a evitar que estas conductas se repitan.
Lo que se vería reflejado en multas que de hasta 50 unidades tributarias mensuales (UTM); esto es, casi $3.500.000.
Esto, se precisa, con el fin de reforzar la idea de que la convivencia escolar es una tarea compartida y que la respuesta del hogar es decisiva para prevenir la violencia y proteger la integridad de los menores
Los autores del proyecto argumentan que los esfuerzos de los equipos de convivencia escolar no son suficientes si no existe un acompañamiento real desde el hogar.