Una iniciativa, despachada por la Cámara de Diputados, modifica diversos cuerpos legales para fortalecer el control de la gestión municipal, ampliar facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y establecer planes de integridad, mayores exigencias de rendición de cuentas y normas de prevención de conflictos de interés en municipios, corporaciones municipales y organizaciones que administran recursos públicos.
El proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica distintos cuerpos legales (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695; Ley N° 18.883 que aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios municipales; Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero; y Ley N° 19.418 que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias), en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales, fue aprobado en general por la Sala del Senado en 2024.
El objetivo del proyecto de ley es permitir que la Contraloría General de la República fiscalice la gestión municipal, sus corporaciones y fundaciones y a las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de Municipalidades, Gobiernos Regionales o, en general, del Estado.