Una iniciativa de ley modifica la regulación vigente en materia de persecución penal de delitos tributarios, con el objeto de reforzar la autonomía del Ministerio Público. Revisa las reglas que condicionan el inicio de las investigaciones penales en este ámbito. Introduce modificaciones al Código Tributario en relación con la investigación y persecución de los delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad actualmente regulados por un régimen especial contenido en el artículo 162 de dicho cuerpo legal.
La iniciativa aprobada por la Cámara de Origen plantea modificar el régimen vigente, permitiendo que las investigaciones por delitos tributarios sean iniciadas de oficio por el Ministerio Público, previa decisión fundada del Fiscal Nacional, en los casos en que los montos involucrados superen las 600 UTA, sin considerar intereses, reajustes ni multas.