Vaticinados desde hace tiempo por rectores de distintas instituciones como un factor que impactaría fuertemente al sistema, los nuevos aranceles regulados ya son una realidad tras su publicación en el Diario Oficial. Los valores definidos por el Estado para pagar los estudios de los estudiantes afectos a la gratuidad se calculan según grupos de carreras con características similares, llamados macrogrupos, y consideran factores como el tipo de institución, los años de acreditación, la región donde se imparte el programa y el tipo de infraestructura necesaria. Por ejemplo, una carrera técnica en el área de salud no tiene el mismo costo que una profesional en ingeniería, y por lo tanto, se le asigna un arancel diferente. Sin embargo, el proceso genera preocupación entre las autoridades de las casas de estudio: el mayor temor es que, bajo esta fórmula, se sufran fuertes mermas económicas, al no alcanzar a cubrir los costos reales de la enseñanza que imparten.