La propuesta de reajuste del salario mínimo hasta los 546.546 pesos en 2026 instala un debate sobre el poder adquisitivo y la estabilidad económica en un contexto de inflación persistente. Aunque el Banco Central proyecta una convergencia hacia el 3% en 2027, persisten riesgos globales que podrían presionar los ingresos reales de los hogares, creando un escenario en el que el aumento mensual de $7.546 que ha ingresado el gobierno difícilmente logrará mantener la capacidad de consumo de las familias, ni tampoco mejora las condiciones de productividad o competitividad de la economía.
El economista y docente de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Peña, sostiene que el incremento salarial es bajo y además se ve tensionado por dos procesos simultáneos: una política fiscal contractiva y un entorno internacional adverso. Ambos factores -según explica-, elevan costos, restringen el gasto y generan un clima de cautela en organizaciones, empresas y Estado que puede terminar afectando los ingresos de los hogares.