La discusión por el reajuste del sector público comenzó a tensionarse antes incluso de que se conozca el petitorio formal de los trabajadores. La mesa del sector público definió que una de las principales demandas que llevará a la negociación con el Ejecutivo será incluir una norma que garantice la estabilidad laboral de los funcionarios, con el fin de evitar "despidos arbitrarios". La propuesta surge en medio de un escenario político marcado por los planteamientos de fuertes recortes de gasto fiscal promovidos por los candidatos de oposición en mayor o menor medida, lo que derivaría en desvinculaciones de trabajadores del Estado.
En ese sentido, las preocupaciones de los funcionarios públicos se reactivaron en medio de los anuncios de campaña y a 10 días de la elección presidencial. Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró a Canal 13 que el eventual gobierno de José Antonio Kast planea un recorte del gasto público por US$6.000 millones, que implicaría "sacar a operadores contratados por el Ejecutivo". Más intensa es la propuesta del candidato Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, cuyo plan económico contempla una reducción del gasto estatal entre US$12.000 millones y US$15.000 millones -con posibilidad de llegar a US$16.000 millones si el Congreso aprueba una tramitación rápida-. El ajuste también considera la desvinculación de 100 mil funcionarios públicos del Gobierno central. La explicación de la ANEF Con todo, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), recalcaron que la exigencia por una "carrera funcionaria" y la estabilidad laboral es un tema histórico en sus negociaciones. En conversación con Emol, su presidente, José Pérez, explicó el objetivo de la propuesta.