Karina Saavedra
Académica de Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

Con preocupación creciente, hemos sido testigos del sostenido aumento del delito de secuestro en Chile. No se trata de una percepción amplificada por los medios, sino de una realidad respaldada por cifras oficiales. El último informe de la Fiscalía Nacional, publicado el 28 de julio de 2025, revela que los casos de secuestro aumentaron un 2,1% respecto al año anterior, alcanzando 868 denuncias: la cifra más alta desde 2014. Este fenómeno, analizado en el reporte “Fenómenos Criminales”, no solo refleja una tendencia inquietante, sino que también intensifica la sensación de inseguridad en la ciudadanía.
El secuestro, regulado en el artículo 141 del Código Penal, contempla penas que varían según la gravedad del hecho. Desde presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) para la figura básica, hasta presidio perpetuo calificado si se cometen delitos como homicidio o violación durante el encierro. Sin embargo, hasta hace poco, el tipo penal no distinguía entre una privación de libertad breve y una prolongada, lo que generaba una evidente desproporción. Gracias a la ley N° 21.557, promulgada en 2023, se corrigió esta falencia: ahora, si el encierro supera las 24 horas, la pena se eleva a presidio mayor en su grado mínimo a medio (5 años y un día a 15 años), equiparándose al secuestro extorsivo.
A pesar de estas modificaciones, persiste una idea errónea en el debate público: que el aumento de penas es la solución para frenar este tipo de delitos. Pero ¿realmente lo es? Las penas más altas del ordenamiento jurídico ya se aplican al secuestro y, aun así, los casos siguen en aumento. Esto demuestra que el castigo, por sí solo, no es un disuasivo suficiente. Además, el delito de secuestro suele estar vinculado al crimen organizado, lo que exige respuestas más complejas que la simple elevación de sanciones.
La verdadera solución pasa por políticas integrales que ataquen el problema en su raíz. Es urgente desmantelar la economía del crimen organizado, reducir su poder de fuego mediante una regulación más estricta de armas, fortalecer la cooperación internacional, mejorar la ley de inteligencia y reforzar el control fronterizo. A esto se suma la necesidad de aumentar la seguridad ciudadana con estrategias preventivas y focalizadas.
En lugar de seguir apostando por el endurecimiento penal como única respuesta, debemos exigir al Estado una política criminal moderna, eficaz y multidisciplinaria. Porque frente al secuestro, lo que se necesita no es más castigo, sino más inteligencia.