Oficiar al ministerio de Salud y al de Seguridad Pública sobre una serie de materias, fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud luego de estudiar la situación de violencia que enfrenta la Atención Primaria de Salud (APS), la que se ha venido agravando en los últimos meses.
En la instancia, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM), Gabriela Flores detalló la seguidilla de ataques de los que han sido víctimas trabajadores de distintos centros como en el trayecto a otros recintos. A su vez, demandó ser considerados en las instancias de participación que considera la estrategia de seguridad en salud y cuestionó la actitud del Ejecutivo que calificó como “desconectada” de la realidad.
Desde el ministerio de Seguridad Pública explicaron que se ha diseñado una estrategia que considera a los gremios, la PDI, Carabineros, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y las seremis con énfasis en la intervención de resguardo policial, el fomento de las denuncias, la protección de los establecimientos de salud, el mejoramiento del entorno y la promoción del buen trato de funcionarios.

Las autoridades detallaron que existen 127 centros de atención primaria priorizados y 193 hospitales, de los cuales 9 centros en calidad de riesgo extremo (4 con carabineros de punto fijo o vigilancia policial) y 46 hospitales en la misma condición (30 con punto fijo y 16 con vigilancia especial).
No obstante, hubo coincidencia en que se necesita necesitamos que se considere al ámbito de la salud en la discusión del proyecto de infraestructura crítica y se entienda que los consultorios, Samus, Sapus, Cesfam son infraestructura crítica. No se puede seguir tratando a la seguridad en salud como un plan piloto