Cuatro fueron los cambios que propuso el Senado y que la Cámara no aprobó, en torno al proyecto de ley sobre seguridad privada. Estos puntos deberán pasar a una Comisión Mixta que encuentre una redacción que satisfaga a ambas ramas del Congreso.

El primer cambio que se rechazó fue la facultad para que personas y empresas de seguridad privada coordinen sus actividades con Carabineros de Chile. Este cambió, que requería 78 votos a favor, alcanzó 75 preferencias, 63 en contra y 4 abstenciones.
En general, la propuesta entrega una nueva definición de empresas de seguridad privada. Establece que son aquellas que tienen por objeto suministrar bienes o prestar servicios para la protección de personas, bienes y procesos productivos en determinadas actividades.
También agrega que sólo podrán actuar con este fin aquellas autorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para esto, deberán cumplir con una serie de requisitos, como contar con personalidad jurídica de derecho privado.
Igualmente, incluyó normas para las empresas de seguridad electrónica. Ellas son definidas como aquellas que tiene por objeto la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos con fines privados conectados a centrales receptoras de alarmas y videovigilancia.