La Sala de la Cámara aprobó, por unanimidad, el proyecto que extiende el tiempo para la implementación de la ley de seguridad privada. La medida se impulsa dado que el 28 de mayo vence el plazo para que apliquen nuevas exigencias para el sistema, establecidas en la nueva normativa, que los servicios obligados no han podido cumplir.
Según se explicó, entidades como bancos, empresas de transporte de valores y estaciones de servicio, deben presentar nuevos estudios de seguridad acordes a los estándares de la nueva legislación. Además, exige que sea por sucursal o instalación. Sin embargo, la implementación de la medida evidencia retrasos significativos.
Igualmente, existe un retaso en la implementación de una plataforma informática para centralizar los procesos de autorización, registro y gestión de la seguridad privada. Esto obliga a mantener mecanismos transitorios. Una realidad similar ocurre con la tramitación de autorizaciones para personas naturales. Así, a mayo de 2026, una proporción importante de los procesos se encuentran pendientes.
Por otra parte, el texto prorrogará la renovación de autorizaciones del personal de seguridad privada. El tema es que la nueva legislación también estableció requisitos de capacitación y evaluación más exigentes. Empero, la capacidad institucional para entrenar y examinar a las y los trabajadores resulta insuficiente frente a la gran demanda de regularización.