Luego de conocer una serie de indicaciones que recogen distintas recomendaciones realizadas por quienes asistieron como invitados, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida, también conocido como proyecto "antifiltraciones".
Cabe recordar que la instancia tiene la autorización de la Sala para discutir en general y en particular este proyecto durante su primer informe. De ahí que la comisión encabezara una serie de audiencias con especialistas, académicos y representantes del gremio periodístico para recoger sus opiniones sobre el proyecto.
Fue así que se logró elaborar una serie de indicaciones que buscan aumentar las penas a los funcionarios públicos que filtren información de las investigaciones. Se establece una escala de penalidad donde se deja claro que la mayor sanción la tienen los funcionarios públicos que filtren información y también se sancionan a los que actuando "ilegítimamente" difundan información de una investigación.
Las indicaciones también precisan temas como: el plazo de la investigación, se regula el anexo separado y reservado de actuaciones sin interés investigativo, donde podrán acceder las partes con las medidas de control que disponga el fiscal o el tribunal, pero no podrán hacer copias ni tomar ningún tipo de registro.
Asimismo, se plantean normas para concordancia necesaria respecto de la destrucción que se ordena de ciertas piezas como los registros de comunicaciones.
Se propone sacar del Código Procesal Penal el inciso final del artículo 226 J, trasladarlo al Código Penal y hacerle precisiones.