La Sala aprobó, por 107 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones, la resolución 38. A través de ella se solicita al Ejecutivo un proyecto que impida conocer obligaciones incumplidas en materia financiera.
En concreto, se busca impedir, de manera excepcional y transitoria, el acceso a los boletines de información comercial. Esto, por parte de las entidades financieras reguladas y fiscalizadas por la comisión para el mercado financiero.
La medida se establece respecto de obligaciones incumplidas durante los años 2020, 2021 y 2022. Y, en específico, en relación con personas y empresas calificadas como de menor tamaño.
La resolución plantea que la realidad económica y presupuestaria de los hogares atraviesa por un momento delicado.
Reportes, como el Boletín de Informaciones Comerciales o Dicom, mantienen datos sobre el comportamiento financiero de las personas. Ello afecta a los deudores al impedir su acceso al crédito, lo que es relevante para la reactivación económica de personas, familias o empresas, que no tienen la liquidez necesaria para afrontar las deudas y el ejercicio económico diario.