Dos importantes cambios previsionales comenzaron a regir este martes: el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250.275 pesos para las personas de entre 75 y 81 años, y la prohibición de que condenados por femicidio y otros delitos graves reciban la pensión de sobrevivencia de sus víctimas.
La normativa -tramitada durante el Gobierno de Boric- obliga a los tribunales a comunicar dicha información penal a la Superintendencia de Pensiones, que, a su vez, la remitirá a la AFP y a la compañía de seguro de vida correspondiente. 

Si bien la legislación no se aplicará de manera retroactiva, desde el Ministerio de la Mujer afirman que se trabaja en alternativas al respecto.
La actual titular de la cartera, Judith Marín, destacó que la norma modifica un error en la implementación de la actual Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer: "Es de toda justicia que quien le quitó la vida, por ejemplo, a una mujer, no pueda beneficiarse además, por ejemplo, accediendo a la pensión de sobrevivencia".
"Con la aprobación, la promulgación y la entrada en vigencia de esta ley también comienzan a conversar de mejor manera el sistema judicial, la Superintendencia de Pensiones y las AFP. Con esto, se imposibilita a que condenados por delitos como femicidio, homicidio, parricidio y delitos sexuales puedan gozar de este beneficio", agregó.