Tras un estrecho y tenso debate legislativo, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan determinadas condiciones de salud o edad. La iniciativa fue visada por 23 votos a favor y 22 en contra, abriendo la posibilidad de sustituir la cárcel por reclusión domiciliaria total en algunos casos.
El proyecto ha generado fuertes críticas desde el Ejecutivo, especialmente por la posibilidad de que la medida beneficie a personas condenadas por delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad.
En entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, cuestionó duramente la aprobación en general de la iniciativa y calificó el debate parlamentario como contradictorio respecto de las políticas de seguridad que se han impulsado en los últimos años.
“Las señales son muy contradictorias. Ha sido muy irracional el debate. Por una parte se habla de la mano dura, de una actitud de combate hacia el crimen y de resguardo de la seguridad muy tajante, muy severa, pero por otro lado se presenta, se discute y se aprueba en general un proyecto como este, que es totalmente incompatible con todos los esfuerzos que ha venido haciendo el Estado de Chile durante las últimas décadas”, afirmó.
La subsecretaria advirtió que la iniciativa no solo representa un eventual retroceso en materia de derechos humanos, sino también un riesgo para la seguridad pública.