La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Superintendencia de Educación en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó la entrega completa de las bases y criterios internos usados en una fiscalización específica.
La Superintendencia argumentó que dichos documentos contienen instrucciones y procedimientos confidenciales de carácter indagatorio e inspectivo, cuya divulgación podría afectar la eficacia de la labor fiscalizadora.
La Corte de Santiago rechazó la reclamación, al considerar que la Ley N° 20.285, de Transparencia, establece que los órganos de la Administración del Estado no pueden reclamar ante la Corte de Apelaciones cuando el CPLT concede acceso a información que originalmente fue denegada.