Alejandra Ríos Urzúa
Directora Diploma en Habilidades Laborales U. Andrés Bello, Sede Viña del Mar

El 2015, líderes de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron una serie de metas con miras a una convivencia de mejor calidad entre las personas y nuestro planeta; se buscaba un progreso que no dejara a nadie atrás. Para ello, se sistematizaron 17 Objetivos (de Desarrollo Sostenible: ODS), constituyéndose así una agenda para el año 2030. Ello, ha implicado el compromiso de cada Estado Parte en la planificación e implementación de medidas que permitan cumplir con esta ambiciosa -pero muy necesaria- agenda 2030.
De ello, ha transcurrido ya casi la mitad del plazo proyectado y todos los países -el nuestro incluido- han venido trabajando para alcanzar las metas propuestas. Entre los 17 objetivos, hay algunos que buscan responder de manera bastante explícita, a las necesidades que presentan colectivos que, hasta ahora, de alguna manera habían ido “quedando atrás”. Así, tenemos el Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que busca precisamente la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible como base de un progreso “para todos”, mejorando de esta manera el estándar de vida de (todas) las personas. Este ODS obliga a las naciones a avanzar en materia de inclusión laboral, cuestión que hasta hace unos años era una necesidad de algunos grupos en riesgo de exclusión -las personas con discapacidad (PcD) entre ellos – que quedaba invisibilizada.
Chile, asumiendo esta agenda, ha impulsado normativas que nos han permitido avanzar en la materia, contando desde el 2018 con una ley “de cuotas” (21.015), reservando el 1% de la dotación de una empresa, para PcD. Ahora, lo que se debe resguardar, es que se cumpla el espíritu del ODS 8 y que la actividad laboral al que estos colectivos -en riesgo de exclusión- están accediendo, sea realmente un trabajo decente.