Turismo aventura en Chile: Entre la seguridad noble y la trampa del escritorio
Ricardo Álvarez (EMPROEX)
El pasado 28 de julio, el sector turístico chileno recibió un doble impacto regulatorio. Por un lado, la publicación de la Resolución Exenta N°271 de Sernatur actualizó las normas técnicas de 15 actividades de aventura e incorporó por primera vez al salto bungee. Por el otro, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que elimina el modelo declarativo y exige una acreditación previa obligatoria para poder operar. La intención de fondo es indiscutible: evitar que tragedias provocadas por la negligencia informal vuelvan a enlutar al país y blindar la reputación de Chile como destino aventura.
Sin embargo, el entusiasmo de la aplastante votación parlamentaria esconde una realidad: la ley aún está lejos de operar. Lo que viene ahora es la compleja etapa resolutiva en la Comisión de Economía del Senado y la posterior confección del reglamento. Es ahí donde faltan por definir los aspectos más neurálgicos: los plazos reales de transición para las empresas inscritas, la gradualidad para las Pymes regionales y, sobre todo, el catálogo normativo que determinará quiénes y bajo qué criterios serán considerados "organismos autorizados" para certificar a los operadores.
Es justamente en este punto de inflexión donde se encienden las alarmas. La historia reciente de la política pública chilena ofrece un antecedente calcado y aleccionador: la reforma al sistema Sence a través de la exigencia de la norma de calidad NCh2728 para los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC). Aquella medida también nació con un fin noble —desarticular la corrupción y los cursos fantasma—, pero su implementación terminó en un desastre de mercado. Al exigir certificación previa a través de casas certificadoras privadas, se creó un verdadero "peaje" corporativo. Los auditores aplicaron criterios arbitrarios a su entero arbitrio, los costos de certificación se volvieron insostenibles para la mayoría y cientos de Pymes de capacitación con años de experiencia real quedaron fuera del mercado, no por falta de capacidad técnica, sino por falta de caja.
El peligro latente es que el turismo aventura tome exactamente el mismo camino: que la seguridad en terreno sea reemplazada por una "seguridad de papel" donde solo sobrevivan las grandes empresas con espalda financiera para pagar auditorías y asesorías.
Para agravar el panorama, la ejecución de este nuevo andamiaje se le encomienda al eje del sector: Sernatur. Para nadie en la industria es un secreto la fragilidad estructural de este servicio público. Históricamente golpeado por la inoperancia operativa, la falta de inspectores en terreno y su consolidación como una caja pagadora de prebendas y favores políticos de turno, cabe preguntarse: ¿tiene Sernatur la idoneidad y la independencia técnica para "fiscalizar a los fiscalizadores"? La sospecha es inevitable. No sería extraño ver cómo el floreciente mercado de las casas certificadoras de turismo aventura termina integrado por exfuncionarios del propio servicio, replicando la conocida "puerta giratoria" donde quienes redactan la norma desde el Estado pasan luego al sector privado a cobrar por validarla.
El dilema está planteado. Chile necesita resguardar la vida de sus visitantes y profesionalizar su oferta, pero un diseño regulatorio deficiente corre el riesgo de asfixiar al guía local, encarecer la actividad y empujar a muchos a la informalidad total. ¿Logrará el reglamento técnico construir un sistema de control accesible y verdaderamente preventivo, o terminaremos privatizando la fiscalización para crear una nueva industria del papelaje burocrático? El tiempo y la discusión en el Congreso dirán cuál de los dos caminos termina por imponerse.